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COMUNICADO PÚBLICO LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS QUE HACEMOS PARTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO CAPITULO VALLE NOS PRONUNCIAMOS FRENTE A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TUMACO NARIÑO Y RESGUARDO KOKONUKO EN EL CAUCA.

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COMUNICADO PÚBLICO

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS QUE HACEMOS PARTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO CAPITULO VALLE NOS PRONUNCIAMOS FRENTE A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TUMACO NARIÑO Y RESGUARDO KOKONUKO EN EL CAUCA.

“Nuestra fuerza pública no dispara contra civiles” asegura el presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz de 2016. José Orlando Giraldo, Johnny Silva Aranguren, Katherine Soto, Ditdhear Alexander Roldán, Brandon Estrada, Diego Felipe Becerra, Héctor Fabio Martínez, Tito y Antonio Vargas Valdés, Gerardo Antonio Moreno, Leidy Johana Ñañes, Clisman Túquerres, John Eider Corrales, entre muchos otros podría controvertir con la evidencia de los hechos la afirmación del presidente de Colombia. Ellos fueron asesinados por miembros de esa fuerza pública que “…no dispara contra civiles”, y sus familiares se han visto enfrentados a la revictimización, a las amenazas, a la invisibilización y a la persecución jurídica, cuando han emprendido la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

De la misma manera el Estado salió a desmentir los hechos victimizantes protagonizados por el ESMAD y la policía Nacional en contra del pueblo de Buenaventura y Chocó en el desarrollo del Paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio el pasado mes de mayo, en donde resultaron más de 3000 personas heridas entre adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas.

De acuerdo con la información entregada por las comunidades locales, en Llorente, municipio de Tumaco se desarrollaba desde el lunes 2 de octubre una jornada de protesta frente al incumplimiento del gobierno nacional con los compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto; el jueves 5 de octubre alrededor de las 10 de la mañana, cuando los campesinos se disponían a iniciar una movilización fueron atacados con armas de fuego por miembros de la fuerza pública en un intento desesperado por evitar el ejercicio del derecho a la protesta. El resultado de esta acción criminal fue el asesinato de nueve personas y graves heridas en más de veinte.

Ejército, policía y gobierno nacional han salido apresuradamente a desmentir las versiones de las comunidades, han retomado la matriz comunicacional de señalar la protesta social de infiltración insurgente o terrorista, y se han negado al establecimiento de una comisión de verificación con participación de la sociedad civil. Han dejado en manos de la Fiscalía –que por lo demás no ofrece ningún tipo de garantías- y han emprendido operaciones militares de alto impacto presuntamente contra alias Guacho, pero que lo que está haciendo es aterrorizar a las comunidades y desmovilizar a quienes protestan contra la política de erradicación forzada y exigen el cumplimiento de lo acordado. Estas operaciones tienen además el propósito de borrar evidencia y evitar las investigaciones independientes frente a lo ocurrido; al punto que en la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda Tandil, zona de ocurrencia de la Masacre de Llorente la misión humanitaria de verificación compuesta por periodistas y organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales fue atacada con tiros de fusil y granadas de aturdimiento por la policía.

A pesar del informe emitido el día domingo por la Defensoría del Pueblo, donde se señala la responsabilidad de la policía en la Masacre de Tumaco, la policía ha emitido en las últimas horas dos escuetos comunicados donde se niegan a reconocer directamente la responsabilidad en la Masacre de Llorente y presentan como un error el ataque a la misión humanitaria, habla de acciones disciplinarias pero desconoce la acción penal.

Por otra parte en el día de ayer la misma policía que “no dispara contra civiles”, por medio de agentes de su Escuadrón Móvil Anti Disturbios asesinó a Efigenia Vásquez Astudillo, comunicadora de la emisora comunitaria Renacer Kokonuko y causó heridas graves en otros tres miembros de la comunidad Kokonuko. Estos hechos se registraron en medio de una jornada más del proceso de liberación de la madre tierra que la comunidad desarrolla hace varios meses en el predio Aguas tibias.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Valle del Cauca se solidariza con los familiares y víctimas de la masacre de Llorente, así como con la comunidad Kokonuko en Cauca frente a las clarísimas y deliberadas agresiones causadas por agentes del Estado; exige la acción penal inmediata y ejemplar sobre los responsables, el desmonte del Esmad, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades en cada uno de los conflictos por tierras y por sustitución de cultivos de uso ilícitos, el respeto a la vida y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas.

Exigimos la verdad, la justicia, la reparación integral en los casos de la Masacre de Tumaco y asesinato de la comunera Kokonuko Efigenia Vásquez Astudillo; así como la protección de las comunidades locales y las garantías de no repetición.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO CAPITULO VALLE

NO HAY PAZ POSIBLE CON CRIMENES DE ESTADO!!!

Santiago de Cali, 9 de Octubre de 2017.