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Movice capítulo Valle del Cauca. 31/07/2017

Por algo sería que la entretención de muchos niños de Trujillo y RioFrío en los años 80 era pararse en el

puente sobre el rio Cauca a ver pasar los cuerpos sin vida de rojos asesinados. La masacre de Trujillo, las

rondas de muerte en Sevilla, las desapariciones en Tuluá fueron el antecedente de terror que advertía

que en el Valle del Cauca–como en muchas otras regiones- pensar diferente, soñar con una sociedad

distinta, son delitos penados con la muerte.

Por algo sería que Fabio Alejandro Castañeda, conocido como el héroe del Nilo llegó a ser General de la

Policía y comandante de la Metropolitana de Cali, tras tener las manos manchadas con la sangre de 21

indígenas que reclamaban tierras y que fueron masacrados en diciembre de 1991 en una acción

combinada de policías y sicarios, orquestada por terratenientes y narcotraficantes de la zona norte del

Cauca (CONSEJO DE ESTADO, 2014).

Oficialmente es reconocido el 31 de julio de 1999 como la fecha de inicio de las acciones criminales del

Bloque Calima de las AUC (CNMH, 2014). Ese día en medio de la celebración de las fiestas de la Virgen

del Carmen dos camiones cargados de paramilitares al mando de alias Román llegaron a La Moralia, en

las montañas de Tuluá; los hombres armados rodearon el pueblo y reunieron a los pobladores en el

parque , unos hombres encapuchados del comando paramilitar buscaron y seleccionaron a Oliver Urrea,

Orlando Urrea y la hija de este último, Patricia Urrea. Orlando y Patricia fueron asesinados a pocos

metros del parque, en el inicio de la vía que conduce a Monteloro.

Por algo sería que desde 1996 los campesinos de los municipios de San Pedro, Buga, Tuluá, Andalucía,

Sevilla y Trujillo venían denunciando amenazas y asesinatos selectivos, algunas de estas acciones a cargo

de la fuerza pública; con foros, audiencias públicas, movilizaciones y marchas hasta Cali miembros de la

asociación Los Yarumos y la Asociación Campesina del Centro del Valle (Acaceva) denunciaron las

amenazas, la persecución y señalamiento que se hacía desde sectores políticos y desde la fuerza pública;

ya en 1997 un informe de inteligencia militar aseguraba que cuatro municipios del Valle estaban bajo el

dominio de la guerrilla (Semana, 1997), informe mentiroso replicado por los medios de comunicación

buscando dar licencia para las acciones represivas contra la población.

Y es que los campesinos se venían organizando. El mapa político de la microrregión se movió de tal

manera que el movimiento campesino amenazaba la estabilidad política de los partidos tradicionales.

Por algo sería que la primera víctima oficial del bloque Calima, Orlando Urrea fue un destacado líder de

la asociación Los Yarumos. Así, en cada acción criminal en la zona los paramilitares buscaban y

asesinaban a uno o varios miembros de las organizaciones campesinas: Rodrigo, Arcos, Arcadio Sierra,

Andrés Robledo y muchas más mujeres y hombres fueron ejecutados al ser encontrados culpables del

delito de pensar diferente y soñar con una sociedad distinta…por algo sería.

La actuación criminal del bloque Calima dejó más de 430 víctimas mortales en alrededor de 70 masacres

en Valle, Cauca y Huila (CNMH, 2016), además de múltiples desapariciones forzadas, despojo de tierras,

desplazamiento forzado, violencia sexual, asesinatos selectivos de líderes y lideresas y persecución al

movimiento social, sindical y popular .

En nuestra memoria están las víctimas de Tuluá, Buga,

Bugalagrande, San Pedro, Buenaventura, Calima, El Naya, Buenos Aires, Suárez, Cajibío, Patía, Pitalito,

Suaza, Acevedo y otros tantos municipios.

Estos hechos criminales no hubiesen sido posibles sin la decidida colaboración de miembros de la fuerza pública, empresarios, líderes políticos y el silencio de

medios de comunicación e importantes sectres sociales.

Por algo sería que Ever Veloza alias HH fue extraditado a los Estados Unidos justo cuando empezaba a

develar la participación del empresariado valecaucano en la creación e impulso del bloque Calima, según

sus declaraciones y las de Giancarlo Gutiérrez alias El Tuerto empresarios como Edgar Lenis, Hernán

Gómez, Carlos Spa, Ernesto Mejía, Javier Armitanche, Fernando Gonzáles, Julio Aristizábal, María Clara

Naranjo, Bernardo Tezna, Luis Fernando Castro, Manuel Mosquera, y sus empresas fueron cruciales para

financiar el paramilitarismo en la región (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ,

2012; EL TIEMPO, 2012)). Estas participaciones aún son ignoradas por la justicia colombiana, gozan de

impunidad.

Por algo sería que algunos de los principales cabecillas del bloque Calima habían sido miembros de la

fuerza pública como alias Román, alias Freddy, alias Daniel o alias Óscar; pero también miembros activos

fueron socios clave de su acción criminal. Casos del ejército como el sargento Antonio Castellanos,

teniente coronel Tony Alberto Vargas Petecua, coronel José Alberto Amor, el coronel Rafael Alonso Hani

Jimeno, el coronel Alfonso Jiménez, general Francisco René Pedraza, capitán Andrés Zambrano, sargento

González Medina, mayor Reina, capitán Marcos Martínez Sánchez, capitán Byron Carvajal; así mismo

miembros de la Policía Nacional como el mayor Martín Emilio Navarro, el teniente Forero y el mayor

Meneses

Pero el bloque Calima es sólo una de las facetas de la criminalidad de Estado que desangró y le sigue

doliendo a la región. Detenciones arbitrarias que derivaron en desapariciones forzadas, persecución

judicial, criminalización de la protesta social, amenazas vedadas y directas, asesinatos selectivos, la

llamada limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales también llamados falsos positivos, estuvieron

antes y durante la existencia del bloque Calima, y hoy se siguen presentando.

Y aunque hay otros responsables de acciones violentas como las guerrillas, lo cierto es que los agentes

del Estado que por mano propia o en alianza con estructuras ilegales y como parte de unas políticas

definidas desde altísimos niveles, actuaron contra el pueblo y la constitución que juraron defender,

merecen el rechazo de toda la sociedad, deben ser juzgados con la severidad que su cargo y su rango

implican, deben contar toda la verdad, deben pedir perdón a título personal e institucional, y las

instituciones gubernamentales y castrenses deben garantizar que no habrá repetición.

Es así como la justicia hoy nos debe a las víctimas la verdad de quién y por qué asesinaron y

desaparecieron a Everardo de Jesús Puerta, Ditdehar Alexánder Roldán, Olga Lucía Bonilla, Luis Orlando

Giraldo, a Johnny Silva, a Sandra Viviana Cuéllar y cientos más…por algo sería.

¡Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad!

Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado